Author Archives: Faya Ana Julia

El liderato cubano enfrenta actualmente una grave crisis interna.

El Presidente de Cuba y Segundo Secretario del PCC, Raúl Castro, dijo en diciembre de 2010 que la situación de la isla es la de un país al borde del abismo, con lo cual coinciden los analistas de cualquier tendencia. El régimen enfrenta una grave crisis financiera y de credibilidad.

Por una parte, el país tiene dificultades para cumplir con sus compromisos financieros: no recibe créditos de instituciones internacionales; no se materializan las expectativas sobre las reservas petroleras; y la ayuda proveniente de Venezuela parece tocar fondo.

Por otra, las fuentes de legitimidad del gobierno se desvanecen con celeridad en una población que lucha por sobrevivir en medio de escaseces elementales mientras ve disminuir los subsidios del Estado. La lucha contra el embargo de Estados Unidos se ha vuelto difícil de vender como arma de cohesión interna, en tanto el propio gobierno cubano ha admitido públicamente que buena parte de los problemas económicos de la isla no se deben al embargo, sino a ineficiencias y malas decisiones de política. Servicios como educación y salud pública —históricamente presentados como los logros del sistema— no podrán recibir el mismo nivel de subsidios de años atrás, y están sometidos al escrutinio de una población que sufre su gradual deterioro.

Ante esta situación, al gobierno cubano se le presenta la disyuntiva de realizar cambios que ha calificado de “inaplazables” para la sobrevivencia del sistema, como la descentralización estatal, pero que podrían poner en riesgo el modelo totalitario existente hasta hoy y, por ende, el sostén de la elite de poder. Es en medio de esas vacilaciones que, después de haberse pospuesto 13 años, el Congreso, que según los Estatutos del PCC, “decide sobre todas las cuestiones más importantes de la política”, se centrará en la discusión de un magro Proyecto de Lineamientos de la Política Económica y Social.

El proyecto aspira a perfeccionar un modelo disfuncional mientras transita un delicado equilibrio: Introduce un sector privado que deberá absorber a más de un millón de desempleados del sector estatal —excepto de los órganos represivos y de seguridad, que han crecido—, y advierte que no se permitirá la concentración de capital en manos privadas. Esta ambigüedad ha dado lugar a críticas desde todas las orillas. Algunos militantes comunistas ortodoxos han expresado su disgusto sobre las reformas y las han calificado de “capitalismo monopolista de Estado” mientras sectores reformistas dentro del sistema y otros de la oposición las tildan de “cosméticas”, porque no hay una reestructuración real del régimen actual, y “carentes de base real”, por no existir recursos ni financiación que permitan la expansión del sector privado.

Lo cierto es que tanto en asambleas convocadas por el PCC para discutir los lineamientos, como en vías paralelas del ciberespacio, los cubanos han volcado sus opiniones, y el 1 de marzo Raúl Castro anunció que la puesta en marcha de los despidos demorará. Quizás el gobernante tuvo en cuenta uno de los criterios más reiterados por especialistas —que se espere a que el sector privado se consolide para proceder a las cesantías—, y quizás también decidió mostrar cautela ante el clima social explosivo creado por el anuncio de los despidos y los recortes de beneficio social (cierre de comedores obreros, gradual desaparición de la cartilla de racionamiento), además del contexto internacional de protestas contra dictaduras longevas. Sobre la “actualización del modelo”, Raúl Castro anunció que, por su “complejidad”, requerirá no menos de cinco años para su completa implementación. Habrá que esperar por las sesiones del Congreso para ver si se delinean mejor estos planes, hasta el momento confusos y fluctuantes.

Se verá también si en el Congreso se toman en cuenta planteamientos de especialistas de la isla, como abandonar el modelo de planificación; abolir los 10 años de límite sobre las nuevas parcelas de tierra entregadas; crear un soporte jurídico que ampare al nuevo sector privado; legalizar la compra y venta de viviendas y vehículos; flexibilizar el oneroso sistema de impuestos sobre los cuentapropistas; y crear cooperativas industriales y de servicios en empresas que fueran estatales.

A pesar de que Raúl Castro le ha pedido a la dirigencia un “cambio de mentalidad”, parece quedar fuera de discusión el papel que debiera jugar la diáspora cubana en el proceso de reformas, mediante el apoyo al nuevo sector privado en concordancia con el uso utilitario que el gobierno hace de sus remesas. También quedarán fuera de discusión el fin de la represión, de las detenciones arbitrarias, y las demostraciones de repudio contra la oposición pacífica. El Congreso dejará fuera, además, asuntos políticos y civiles de importancia, como la abolición de los permisos de entrada y salida del país para los cubanos; el fin de los controles sobre los medios de comunicación e Internet; y la libertad de asociación —asuntos que constituyen soportes básicos para lograr un desarrollo económico sostenible en cualquier sociedad.

En el Congreso, que según Raúl es el último de la “dirección histórica”, se deberá aprobar el nuevo Comité Central, y se sabrá quiénes serán el Primero y Segundo Secretario del PCC, aún bajo la jefatura oficial de Fidel y Raúl Castro.

Hasta el momento todo indica que las decisiones del VI Congreso prolongarán el status quo con la adopción de reformas ambiguas bajo fuertes controles. Pero las consecuencias de la introducción de estas reformas son difíciles de predecir. Porque cuando en política se anda entre dos aguas puede predominar cualquiera de las tendencias en juego. El hecho cierto es que la economía no será la misma y la sociedad cubana no lo es ya. La elite de poder debiera también cambiar, después de 52 años es hora.

Ana J. Faya es Analista de Política y Consultora independiente.