Author Archives: Mesa-Lago Carmelo

La Revista Temas ha publicado un valioso trabajo de Carmelo Mesa-Lago que analiza los asuntos sociales más importantes de Cuba, léase salud, educación, pensiones y vivienda, basado en los trabajos de varios analistas del Centro de Estudios de la Economía Cubana. La inclusión del trabajo de Mesa-Lago en la Revista Temas es desde mi punto de vista verdaderamente estimulante y contrasta con la situación de hace 25 años cuando él y otros analistas cubano-americanos fueron difamados como “cubanólogos”.

He aquí el Índice de Contenido, seguido de las Conclusiones. La traducción al inglés no se encuentra disponible en estos momentos.

Hyperlink: Revista TEMAS, no. 64: 45-56, octubre-diciembre de 2010.

Introducción

Evolución de los servicios sociales (1959-2000

Costo actual de los servicios sociales en Cuba

Un caso de estudio: el costo creciente de las pensiones

Capacidad económica para sostener los servicios sociales a largo plazo

Cambios necesarios para mejorar y hacer sustentables los servicios sociales

No es posible resolver los problemas que los costosos servicios sociales enfrentan sin un aumento de la producción, la productividad y las exportaciones que permitan, a su vez, reducir las importaciones. Pero para lograrlo, se necesita implementar las reformas estructurales anunciadas por el presidente Raúl Castro y recomendadas por numerosos economistas cubanos.

El tema de la sostenibilidad de los servicios sociales ha sido planteado por varios economistas cubanos. Viviana Togores y Anicia García consideran que

“la crisis económica y el proceso de ajuste han mostrado que la preservación de los beneficios sociales debe transitar hacia una nueva etapa donde su sustentabilidad financiera quede asociada al desarrollo de la economía y los cambios estructurales y organizativos [necesarios] […] las decisiones de política social deben tomarse no solo teniendo en cuenta las funciones sociales, sino que debenrespetar los principios de equilibrio económico.34

Por ejemplo, la seguridad y asistencia socials agravan seriamente el déficit fiscal y su carga, hoy solo asumida por el Estado; debe ser compartida por otros contribuyentes (los trabajadores). Mayra Espina agrega:

El primer reto [de la renovación social] es el de la sustentabilidad económica de la política de desarrollo social [...] es necesario encontrar fórmulas de reinserción  de la economía cubana en los mercados internacionales que reactiven la producción interna y doten a los programas sociales de los recursos suficientes, sin los cuales siempre estarán enfrentados al déficit.35

Las decisiones cruciales sobre la economía y los servicios sociales competen a los cubanos. Pero a  diferencia de la crisis de los años 90, en que hubo una estrategia para hacerles frente, en la presente esta no se ha definido. El VI Congreso del PCC, anunciado inicialmente para fines de 2008, debe decidir los lineamientos económicos para el próximo quinquenio y también dictar las directrices en materia de servicios sociales. Habiendo dedicado cincuenta años de mi vida al estudio de este tema en toda América Latina, incluida  Cuba, hago unas sugerencias —parte de estas coinciden con las de economistas y académicos cubanos— como aporte para el debate. A mi juicio, sería posible aumentar el ingreso fiscal y reducir el gasto social, mediante mejoras en la asignación y uso de los recursos, con las medidas siguientes:

Educación: En la enseñanza elemental habría que transferir fondos hacia el pago de mejores sueldos a los maestros (en vista de la caída en la fecundidad y de la población en edad primaria) y, en la secundaria,  riorizar la educación vocacional. Respecto a la superior, Juan  Triana propone invertir más en las carreras técnicas y las que contribuyen al conocimiento, aunque son más costosas que las humanidades, la pedagogía y las ciencias sociales.36 Las carreras científicas son esenciales para el desarrollo, incluyendo la administración de negocios y la economía moderna, por lo que habría que transferor recursos de carreras no tan esenciales, imponiéndoles cuotas y estándares de ingreso más estrictos. Ya en 2008-2009 se estaba reduciendo la matrícula en medicina, humanidades y ciencias sociales, pero también en agronomía y ciencias técnicas.37 Además, habría que continuar y expandir las medidas recién iniciadas que  establecen exámenes de ingreso para la educación superior y requisitos más estrictos de admisión, lo cual ayudaría a aumentar la relación de graduados por matriculados; considerar el establecimiento de pago de matrículas en las universidades a los grupos de altos ingresos, y legalizar el trabajo por cuenta propia de los maestros y profesores.

Salud: Sería aconsejable priorizar la infraestructura de agua potable y alcantarillado,38 reasignar los recursos destinados a la continuada reducción de la mortalidad infantil (un problema resuelto hace años) hacia la reparación de la infraestructura deteriorada, la importación de medicinas, la disminución de la mortalidad materna y otras áreas de mayor necesidad; subordinar el número de profesionales de la salud que  trabajan en el extranjero a las necesidades internas, e invertir parte de los ingresos en divisas que generan sus servicios en la mejora de las instalaciones y equipos  internos y el suministro de medicinas; convertir  hospitales de  aternidad y pediatría que tienen bajas tasas de ocupación en hospitales geriátricos y asilos para ancianos; terminar las becas a estudiantes extranjeros y cobrar el costo básico de los servicios que hoy se regalan  a otros países; cargar el costo de cuartos privados al grupo de altos ingresos de la población cubana; autorizar el trabajo por cuenta propia del personal de salud y permitir la organización de cooperativas médicas.

Pensiones de seguridad social: Habría que realizar un studio que determine cuál es la cotización de  quilibrio del sistema; establecer cotizaciones a todos los trabajadores de empresas no estatales con un mínimo de empleados, incorporándolos al sistema; cargar a los trabajadores por cuenta propia y empleados en el sector  rivado el mismo 5% que paga parte de los asalariados (en lugar de 10% y 15%) para promover su afiliación; ajustar las pensiones al costo de la vida, lo que requiere, primero, aumentar la producción y la productividad y, a su vez, avanzar en las reformas estructurales. Medidas más complejas serían cerrar el actual sistema de pensiones, que el Estado se haga responsable de las pensiones en curso de pago, y crear un nuevo sistema público para los asegurados jóvenes y los nuevos trabajadores, con una reserva que se invierta para generar un retorno del capital y ayudar en el financiamiento a largo plazo y mejorar las pensiones.

Vivienda: Rafael Hernández argumenta que la ley originalmente estipuló que la vivienda es propiedad de los ciudadanos, y es lógico que ellos puedan hacer con ella lo que quieran, venderla y también comprarla; además, hay que facilitar que la gente pueda reparar y construir viviendas por medios propios.39 Habría que proporcionar a la población el acceso a materiales de construcción, y otorgar pequeños créditos estatales rembolsables con interés para la construcción y reparación de viviendas; permitir el uso de la casa propia como colateral para obtener  réstamos destinados a su reparación; posibilitar la inversión de remesas externas en esas actividades; eliminar el actual sistema de permutas y autorizar la compraventa con regulaciones adecuadas.

Asistencia social. Para reducir la pobreza, Lía Añé recomienda eliminar la dualidad monetaria,

disminuir la segmentación del mercado, mejorar los salaries más bajos, y consolidar y evaluar la efectividad de los nuevos programas sociales.40 Pedro Campos propone eliminar la libreta de racionamiento, previa concesión de subsidios directos focalizados en las personas de bajos ingresos, y un reajuste salarial para compensar el incremento de precios que ocurriría.41 Alexis Codina agrega que los cuantiosos recursos fiscales asignados a subsidios de precios por la libreta, recibidos por todos, independientemente de sus ingresos, deberían quedar solo para la población más vulnerable y el resto utilizaría el mercado.

En mi opinión, el sistema de racionamiento no debería aliminarse de golpe, pues o bien sería muy  costoso o dejaría parte de los necesitados sin protección. Lo ideal sería hacerlo gradualmente, de manera paralela a los incrementos en la producción y la productividad  que resulten de reformas estructurales, a la par que se focaliza la asistencia social en toda la población pobre y vulnerable, a fin de crear una amplia red mínima de protección. Ello requeriría mecanismos eficientes para determinar el grado de necesidad de la población y una estimación confiable de la incidencia de pobreza. También habría que permitir a iglesias y ONG que establezcan y expandan asilos gratuitos para ancianos pobres con ayuda externa directa.

La Revolución transformó los servicios socials —salvo la vivienda—,  universalizó su cobertura, eliminó desigualdades entre grupos de ingreso y zonas urbanas y rurales, y otorgó servicios gratuitos de calidad. Las crisis de los años 90 y la actual, unidas a deficiencias de las políticas económicas, han afectado severamente esos servicios y agravado su falta de sustentabilidad a largo plazo. Resulta crucial, por tanto, implementar  las reformas estructurales necesarias y los cambios en dichos servicios para restaurar su calidad y garantizarlos a las generaciones futuras.

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