Cuba sigue siendo el único país de América Latina donde se reprimen casi todas las formas de disenso político. En 2011, el gobierno de Raúl Castro continuó imponiendo el consenso político a través de detenciones a corto plazo, golpizas, actos públicos de repudio, exilio forzado y restricciones de viaje.
En 2011, el gobierno cubano liberó a los últimos 12 presos políticos del denominado “grupo de los 75” disidentes —defensores de derechos humanos, periodistas y líderes sindicales que en 2003 fueron condenados mediante juicios sumarios por haber ejercido derechos fundamentales— y obligó a la mayoría a exiliarse a cambio de su liberación. También en 2011 el gobierno condenó al menos a otros siete disidentes a penas de prisión por ejercer sus derechos humanos, y diversas organizaciones de derechos humanos cubanas señalan que decenas más permanecen en la cárcel.
El gobierno recurrió progresivamente a arrestos arbitrarios y detenciones por períodos breves para restringir derechos fundamentales de sus críticos, incluido el derecho a reunirse y circular libremente. El gobierno de Cuba también ejerció presión sobre disidentes para que optaran entre el exilio o continuar siendo objeto de represión o incluso encarcelamiento, y con ello obligó a muchos de ellos a dejar el país junto con sus familias durante 2011.
Presos políticos
Numerosos cubanos que critican al gobierno son objeto de acusaciones penales. En sus casos, no se respetan las garantías de debido proceso, como el derecho de defensa y a que su caso sea oído públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial. En la práctica, los tribunales están “subordinados” al poder ejecutivo y legislativo, y esto supone la negación de garantías judiciales efectivas.
Decenas de presos políticos aún permanecen en las prisiones cubanas, según han indicado respetadas organizaciones de derechos humanos en la isla. En junio de 2011, el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba (CRDHC) publicó una lista de 43 presos que, conforme indicó, aún continuaban encarcelados por razones políticas. En mayo de 2011, cuatro disidentes de La Habana —Luis Enrique Labrador, David Piloto, Walfrido Rodríguez y Yordani Martínez— fueron acusados penalmente de comenter los delitos de “desacato” y “desorden público” tras participar en una manifestación en la Plaza de la Revolución de La Habana y lanzar volantes al aire que decían “Abajo los Castro”. Recibieron penas de entre tres y cinco años de prisión. El CRDHC cree que son muchos más los presos políticos cuyos casos no han sido documentados debido a que el gobierno no le permite a organizaciones independientes de derechos humanos nacionales o internacionales acceder a las cárceles.
Detenciones arbitrarias y encarcelamiento por períodos breves
Además de iniciar procesos penales, cada vez es más habitual que el gobierno de Raúl Castro recurra a detenciones arbitrarias con la finalidad de perseguir e intimidar a personas que ejercen sus derechos fundamentales. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional documentó 2.074 detenciones arbitrarias efectuadas por miembros de las fuerzas de seguridad durante 2010, y 2.224 entre enero y agosto de 2011. Con frecuencia, las detenciones se realizan de manera preventiva para evitar que ciertas personas participen en encuentros o eventos que se consideran críticos del gobierno.
Son muy pocos los casos en que miembros de las fuerzas de seguridad presentan órdenes de arresto al llevar a cabo una detención, y es común que se amenace a las personas detenidas con la posibilidad de un proceso penal si continúan participando en actividades “contrarrevolucionarias”. Numerosas víctimas de estos arrestos arbitrarios afirman haber sido mantenidas incomunicadas en estaciones de policía durante varias horas, o incluso días. Algunas reciben un aviso oficial, conocido como acta de advertencia, que luego los fiscales pueden usar en juicios penales para demostrar que existe un patrón de conducta delictiva. Los disidentes señalaron que estas advertencias tenían como finalidad disuadirlos de participar en el futuro en actividades que puedan considerarse críticas del gobierno.
Por ejemplo, el 24 de julio de 2011 un grupo de agentes de seguridad del Estado detuvo arbitrariamente a 28 activistas de derechos humanos durante un período de entre 4 y 30 horas en Palma Soriano, provincia de Santiago de Cuba, cuando intentaban participar en un servicio religioso para rezar por la liberación de presos políticos.
Exilio forzado
La muerte del preso político Orlando Zapata Tamayo en febrero de 2010 tras una huelga de hambre de 85 días, a la cual también se plegó posteriormente el disidente Guillermo Fariñas, incidió en la decisión del gobierno cubano de liberar al resto de los presos políticos del “grupo de los 75”, que habían sido detenidos durante los operativos represivos contra disidentes llevados a cabo en 2003. No obstante, si bien los últimos 12 presos del grupo fueron liberados en marzo de 2011, la mayoría fueron obligados a optar entre continuar en prisión o el exilio forzado.
Desde entonces, decenas de destacados disidentes, periodistas y defensores de derechos humanos han sido obligados a elegir entre el exilio o continuar sufriendo persecución o incluso encarcelamiento. Por ejemplo, Néstor Rodríguez Lobaina, un ferviente activista de derechos humanos, ex preso político y presidente de un grupo de jóvenes disidentes de Guantánamo, fue arrestado en diciembre de 2010. Tras permanecer detenido durante meses a la espera de un juicio, contó que las autoridades le advirtieron que, a menos que optara por el exilio, sería condenado a cinco años de prisión. En abril de 2011, aceptó el exilio forzado en España.
Libertad de expresión
El gobierno mantiene el monopolio de los medios de comunicación en la isla, y con ello se asegura de que prácticamente no exista libertad de expresión. El gobierno controla todos los medios de comunicación de Cuba y el acceso a información proveniente del extranjero es sumamente restringido. A causa del acceso limitado a Internet, tan sólo una fracción ínfima de cubanos puede leer artículos o blogs publicados de manera independiente.
Si bien algunos periodistas y autores de blogs independientes logran escribir artículos para páginas Web extranjeras o mantienen blogs independientes, se ven obligados a publicar su trabajo por medios clandestinos, es decir, escriben desde computadoras en su hogar, guardan la información en dispositivos de memoria extraíbles y actualizan los artículos a través de conexiones ilegales de Internet, mientras que otros dictan los artículos que escriben a sus contactos en el exterior.
Los periodistas y autores de blogs independientes suelen ser detenidos por períodos breves, sufren persecución por policías y agentes de seguridad del Estado y viven bajo la amenaza de ser encarcelados si continúan con su trabajo. Por ejemplo, los periodistas independientes Magaly Norvis Otero Suárez y Roberto de Jesús Guerra Pérez fueron detenidos y golpeados en La Habana el 23 de febrero de 2011 cuando, junto con dos miembros de las Damas de Blanco —una respetada organización de derechos humanos integrada por esposas, madres e hijas de presos políticos—, se dirigían a pie a un evento organizado con motivo del aniversario de la muerte de Orlando Zapata Tamayo. Según contaron posteriormente, fueron trasladados a una estación de policía, donde fueron agredidos y mantenidos incomunicados cerca de 14 horas.
Numerosos autores de blogs y periodistas independientes también han sido víctimas de campañas de difamación pública, como sucedió en marzo de 2011, cuando en un programa de noticias producido por el gobierno —que se transmitió masivamente por la televisión pública— se calificó a autores de blogs independientes como “cibermercenarios” e instrumentos “fabricados” por Estados Unidos para “generar focos de conflictos internos”.
El gobierno cubano emplea el otorgamiento de credenciales de prensa y visas, que los periodistas extranjeros deben obtener para poder informar desde la isla, con la finalidad de controlar la cobertura sobre Cuba y sancionar a los medios que se consideran excesivamente críticos del régimen. En septiembre, por ejemplo, el gobierno se negó a renovar las credenciales de prensa a un periodista del diario español El País, con el argumento de que transmitía una imagen tendenciosa y negativa de Cuba.
Defensores de derechos humanos
Al rehusarse a reconocer al monitoreo de los derechos humanos como una actividad legítima, el gobierno niega estatus legal a las organizaciones locales de derechos humanos y recurre a la persecución, las golpizas y el encarcelamiento para castigar a defensores de derechos humanos que intentan documentar abusos. Por ejemplo, el 10 de marzo, Enyor Díaz Allen, Juan Luis Bravo Rodríguez y Óscar Savón Pantoja —miembros de una organización de derechos humanos de Guantánamo— intentaban ingresar a un hospital para visitar a un disidente que mantenía una huelga de hambre cuando fueron interceptados por miembros de las fuerzas de seguridad sin ningún tipo de justificación y trasladados a una estación de policía, donde permanecieron detenidos y aislados durante tres días, según contó Díaz Allen.
Restricciones para viajar y separaciones familiares
El gobierno cubano prohíbe a sus ciudadanos tanto salir de Cuba como regresar al país sin obtener antes un permiso oficial, el cual suele ser denegado. Por ejemplo, a Yoani Sánchez, autora de un conocido blog que ha criticado al gobierno, se le ha negado al menos en 16 oportunidades el derecho a salir de la isla para recibir premios y participar en conferencias durante los últimos 4 años. El gobierno aprovecha el temor generalizado a la separación forzada de familias para castigar a sus detractores y silenciar a los críticos, y niega frecuentemente a los ciudadanos con autorización para viajar la posibilidad de llevar a sus hijos al extranjero, y de este modo mantiene a los niños como rehenes para garantizar el retorno de los padres.
El gobierno restringe la circulación de ciudadanos dentro de Cuba mediante la aplicación de una ley de 1997 conocida como Decreto 217. Esta norma, cuyo propósito es limitar la migración a La Habana, exige a los cubanos obtener autorización del gobierno para mudarse a la capital. Se aplica frecuentemente para impedir que disidentes viajen a La Habana y asistan a mítines y para perseguir a disidentes originarios de distintos puntos de Cuba que residen en la capital.
Condiciones carcelarias
En las cárceles prevalecen las condiciones de hacinamiento, falta de higiene e insalubridad, que propician la malnutrición y las enfermedades Los presos que critican al gobierno, se rehúsan a participar en la “reeducación” ideológica o recurren a huelgas de hambre u otras formas de protesta a menudo sufren la imposición de un régimen de aislamiento por períodos prolongados, golpizas, restricción de visitas y denegación de atención médica. No existe un mecanismo efectivo a través del cual los presos puedan presentar denuncias, y esto permite que las autoridades penitenciarias gocen de absoluta impunidad.
Actores internacionales clave
El embargo económico aplicado por Estados Unidos a Cuba desde hace más de medio siglo continúa imponiendo privaciones indiscriminadas a los cubanos, y no ha contribuido en absoluto a mejorar la situación de los derechos humanos en el país. Durante la Asamblea General de las Naciones Unidas de octubre, 186 de los 192 estados miembros votaron una resolución de repudio al embargo estadounidense; solamente Estados Unidos e Israel votaron en contra de dicha resolución.
En enero de 2011, el Presidente de Estados Unidos Barack Obama hizo uso de sus facultades ejecutivas para morigerar las restricciones a viajes de encuentro de tipo “people-to-people”, que permiten que grupos religiosos, educativos y culturales de Estados Unidos realicen visitas a Cuba y que estadounidenses envíen remesas para ayudar a ciudadanos cubanos. En 2009, Obama eliminó las restricciones que afectaban la posibilidad de cubano-estadounidenses de viajar y enviar remesas a Cuba, las cuales habían sido impuestas por el gobierno de George W. Bush.
En marzo, el ciudadano estadounidense Alan Gross —subcontratista de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional— fue condenado a 15 años de prisión por distribuir equipos de telecomunicaciones a grupos religiosos en Cuba. Gross fue detenido en diciembre de 2009 y acusado por la Fiscalía cubana de participar en un “proyecto subversivo para intentar derrocar la revolución”. El Tribunal Supremo de Cuba confirmó la sentencia en agosto. Gross continúa en prisión.
La Unión Europea mantiene su “posición común” sobre Cuba, adoptada en 1996, que supedita la plena cooperación económica con Cuba a la transición del país hacia una democracia pluralista y el respeto de los derechos humanos.
Hasta el momento de la redacción de este documento, el gobierno cubano aún no había ratificado los principales tratados internacionales de derechos humanos —el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales— que suscribió en febrero de 2008. Cuba cumple actualmente un mandato de tres años como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, tras ser reelecta en mayo de 2009.
